Agua

Matko Koljatic

A pesar de las lluvias de septiembre, el déficit de agua caída en Santiago se mantiene (195 mm en lo que va de 2014 versus 277 mm en un año normal). Me cuentan que en partes del Norte Chico, como Punitaqui, la sequía está teniendo consecuencias dramáticas.

Como lo ha advertido el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, desde mediados de la década de 1970 las sequías se han hecho más intensas, largas y están afectando áreas geográficas cada vez más extensas. Por ejemplo, el Valle Central de California, que se extiende por 400 kms, está sufriendo la peor sequía de la que se tenga memoria. La importancia de este hecho radica en que este valle, que representa el 1% de las tierras agrícolas de Estados Unidos, produce un cuarto de los alimentos que se consumen en ese país. San Diego, ciudad del sur de California fronteriza con México, está sufriendo una sequía que se calcula es la peor en 1.200 años. Si le agregamos a lo anterior la contaminación de los acuíferos, el sobre consumo y el crecimiento constante de la población mundial, es evidente que el abastecimiento de agua pasará a ser uno de los desafíos críticos para la humanidad en el siglo XXI.

La pregunta que surge es qué se puede hacer para aminorar el problema de la escasez de agua. Una posible solución proviene de la lógica económica, en que se recurre a mecanismos de mercado como respuesta al problema. Si el agua tiene precio, y los precios suben por la escasez, la demanda caerá y habrá incentivos para el ahorro y la inversión, desde sistemas de riego y plantas desalinizadoras hasta la reparación de tuberías y la implementación de sistemas de reciclado en las ciudades. Esta es la lógica de la legislación actual en Chile. En contraposición, se plantea que el agua es un derecho social y que debe ser administrada por el Estado. Es evidente que ambas visiones son parcialmente correctas. El agua es un commodity -como el petróleo, por ejemplo, que también es un bien escaso- que debiera tener un precio equivalente a su valor económico, especialmente en su uso en la minería, agricultura e industria (que es donde se da el mayor consumo), pero también es un derecho humano, en que la población debiera tener un abastecimiento a su alcance y prioritario. Está por verse qué iniciativas planteará sobre el manejo de los recursos hídricos el gobierno de la Presidenta Bachelet, ya que su programa trae un acápite sobre ellos. Es de esperar que las propuestas no pasen solamente por la promulgación de nuevas leyes, sino que también por la inversión en infraestructura de ahorro, acopio y distribución.

Como mencionaba en el párrafo anterior, el problema del agua afectará fuertemente a las empresas en la minería, agricultura e industria, y por extensión a todos los demás sectores de la economía (por ejemplo, en el otorgamiento de créditos por parte de los bancos). A nivel global, Unilever, Coca Cola, PepsiCo y otras multinacionales han reconocido que el abastecimiento de agua es un desafío crítico para sus operaciones y para las comunidades en que están insertas. Por lo mismo, estas empresas están desarrollando programas para disminuir el consumo de agua y tienen iniciativas de fomento y educativas en el buen uso del agua en las comunidades.

Al igual, pienso que nuestras empresas tendrán que reconocer el problema como un desafío crítico. La negativa experiencia sufrida por CCU en Paine, que planificaba construir una nueva planta de bebidas en esa localidad, en que se suscitó un conflicto con los agricultores de la zona -que temían que cuando la planta iniciara sus operaciones se agotaría el acuífero que sustenta su actividad agrícola- es decidora. La planta no fue autorizada y la compañía ha tenido que buscar otro emplazamiento para ella. El caso de CCU nos permite comprobar que el abastecimiento de agua es un problema emergente e importante, que los directorios de empresas deberán considerar en sus mapas de riesgos y planes estratégicos.